Avanza el análisis del proyecto de juicios por jurado en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales

La Comisión debatió temáticas como es el caso de Juicios por Jurado, la propuesta que tiene como intención regular los aranceles de abogados y procuradores y la derogación de la Ley 3641, entre otras.

Publicada el miércoles 03 de octubre de 2018

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En el salón Ricardo Rojas del Anexo de la Legislatura Provincial, la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) se reunió para debatir sobre diferentes temáticas como es el caso de Juicios por Jurado, la iniciativa que tiene como intención regular los aranceles de abogados y procuradores y la derogación de la Ley 3641.

También se habló de un proyecto que tiene media sanción de Diputados, que trata de la creación de un Registro Provincial de Identificación Balística. Para hablar de este tema formó parte del encuentro la diputada Analía Jaime, quien explicó los alcances de la propuesta que se trataría en la próxima sesión del Senado.

La legisladora explicó los alcances del proyecto de creación del Registro de Identificación Balística (Registro de disparo testigo de armas de fuego) que tiene por objeto contener “todas las características provenientes del disparo de un arma de fuego, su proyectil, su vaina y todo tipo de marca que los identifique, para asentar la información en el Registro que este proyecto crea. Así, se contribuye a lograr mayor celeridad y certeza en el proceso penal”.

También informó que la diputada Lidia Ruiz presentó un proyecto de iguales características.

La diputada radical además explicó que el Registro tiene varios objetivos, entre los que se destacan: Someter al proceso de identificación balística a todas las armas de fuego aptas para el disparo que se encontraren en el territorio de la provincia; posibilitar y agilizar la identificación de toda arma de fuego apta para el disparo y los proyectiles que fueron deflagrados, secuestrados o incautados, y registrar las marcas y todas las características que el disparo produce en el proyectil.

Asimismo manifestó que las personas que estarán obligadas a registrarse serán personas físicas o jurídicas, habilitadas para comercializar armas de fuego aptas para el disparo en el territorio de la provincia, quienes deberán someter las mismas al proceso de identificación balística ante el Registro que esta Ley crea previo a su enajenación, como así también, registrar los datos personales referidos a su futuro tenedor o portador.

“En caso de incumplimiento, la iniciativa prevé multas pecuniarias que irán de 800 a 1000 unidades fijas, que serán determinadas por la Ley Impositiva de cada año”, añadió la legisladora.

Es importante destacar que hay un proyecto de la senadora Ana Sevilla       (de similares características) que se acumulará a este proyecto en cuestión.

 

Juicios por Jurado: la posibilidad de los ciudadanos de intervenir en la Justicia

Posteriormente el subsecretario de Justicia del Ministerio de Gobierno, Marcelo D'Agostino habló de Juicios por Jurado. El  funcionario señaló que “los jurados populares son simplemente la posibilidad que tiene la ciudadanía de intervenir en ciertos aspectos en la Justicia, en este caso el en dictado de un veredicto realizado por personas comunes. La idea es la cercanía de la Justicia con la comunidad”.

“En la provincia el Juicio por Jurado se va a establecer solamente para los delitos más graves, que son los homicidios agravados. En ese caso solamente se puede intervenir o va a intervenir un jurado popular, que va a estar integrado por 12 miembros: 50% de varones y 50% de mujeres y va a ser una carga pública con una remuneración y van a tener que estar aislados de terceras personas mientras dure el debate”, señaló el subsecretario de Justicia.

Con respecto a esta iniciativa es importante decir que tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Según establece, los juicios por jurado se realizarán sólo respecto de los delitos previstos en el artículo 80 del Código Penal de la Nación,  y los que con ellos concurran según las reglas de los artículos 54 y 55 de ese Código, siempre que deban ser juzgados simultáneamente con aquéllos. La competencia se determinará con la calificación de los hechos con los que se eleva la causa a juicio.

De acuerdo al texto, “cuando un hecho hubiera conmocionado a una comunidad de tal modo que no pudiera razonablemente obtenerse un jurado imparcial, el Juez podrá disponer, sólo a pedido del acusado, en audiencia pública,  con la intervención de todas las partes y mediante auto fundado, que el juicio se lleve a cabo en una circunscripción judicial de la Provincia distinta a la que ocurrió el hecho delictivo. La determinación de la nueva circunscripción se definirá por sorteo público realizado en la misma audiencia”.

Se acordó que esta iniciativa siga en tratamiento por la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. La senadora Patricia Fadel se mostró en desacuerdo en algunos puntos como es el caso de la edad máxima que puede tener una persona que forme parte del jurado que es de 75 años y de la forma de cómo se van registrar los participantes.

 

Regulación de Aranceles de Abogados y Procuradores

El director de Personas Jurídicas, Sebastián Soneira habló sobre los aranceles de los abogados y procuradores de la Provincia: "En la reforma propuesta van a advertir que se ha mantenido la estructura de la Ley 3.641 en cuanto a las escalas arancelarias".

Por lo que añadió que lo que se ha reformado está relacionado a contemplar toda una casuística que no pudo ser prevista en el año ´69, cuando se sancionó la ley que regula los aranceles de estos profesionales.

Soneira explicó que esto está relacionado a los procesos falenciales (concursos y quiebras) y sobre todo con los procesos de familia (nulidad matrimonial, divorcio, cese de las uniones convivenciales, atribución del hogar conyugal, medidas de protección por violencia intrafamiliar, medidas de control de legalidad y conexas tendientes a la protección de niños, niñas y adolescentes, la dispensa judicial para contraer matrimonio, el régimen de responsabilidad parental, entre otras).

El funcionario además comentó que “se fija un nuevo tipo de procedimiento que fue establecido en el 9001 que es el procedimiento de pequeñas causas que no estaba contemplado y ahora sí. Por una cuestión de técnica legislativa se reemplazó las menciones monetarias que contemplaba la 3641 por la unidad de medida que se creó en la 9001”.

Finalmente  Pablo Teixidor, representante del Colegio de Abogados señaló “Este es un proyecto de ley que viene trabajando desde hace mucho tiempo la Federación Argentina del Colegio de Abogados, respecto a la necesidad de regular el ejercicio de la profesión de abogados y procuradores en el ámbito de la provincia de Mendoza”.

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