Qué dice el proyecto para reformar el Código Penal que envió el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso

La iniciativa fue presentada en la Cámara de Senadores en la noche del lunes. Entre los cambios prevé aumentos sustanciales de las escalas penales respecto de los delitos de corrupción.

Publicada el martes 26 de marzo de 2019

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El actual Código Penal que rige en Argentina fue sancionado en 1921, si bien ha tenido una gran cantidad de modificaciones parciales éstas afectaron su unidad, sistematicidad y coherencia interna y ha provocado inconvenientes para el pleno cumplimiento del mandato  previsto en el artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional.

Tal como lo había anticipado el presidente Mauricio Macri, el Ejecutivo Nacional presentó ante la Cámara de Senadores el proyecto para reformar el Código Penal Argentino.

Fue la Comisión para la Reforma del Código Penal de la Nación la que trabajó en el anteproyecto de ley de reforma y actualización integral del Código. Esa comisión estuvo conformada por magistrados del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y de los poderes judiciales y ministerios públicos de las provincias, miembros del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del Ministerio de Seguridad y del entonces Ministerio de Desarrollo Social, profesores universitarios y abogados.

El proyecto también fue objeto de debate en el marco del Programa Justicia 2020,  contó además con aportes de la ciudadanía en general, de organizaciones de la sociedad civil involucradas, de los representantes de las jurisdicciones provinciales y nacionales y de la comunidad académica pública y privada.

 

Qué dice este proyecto sobre el narcotráfico

El anteproyecto del Código Penal incorpora los delitos del narcotráfico y tráfico de estupefacientes, aumentando las escalas penales de los tipos penales actualmente previstos en la ley especial, diferenciando según la gravedad de la conducta. Se parte de la actual escala penal (de 4 a 15 años de prisión) para quienes siembren, cultiven o guarden plantas o semillas aptas para la producción de estupefacientes, y se aumenta la escala penal a 5 o 20 años para los eslabones más peligrosos de la cadena del narcotráfico. Esto es, la fabricación, producción y comercialización de estupefacientes.

Se aumenta además a 6 años de prisión el mínimo de la pena del tráfico de Paco o cualquier otra sustancia de desecho o residual que se genere en el proceso de producción.

 

No serán excarcelables los reincidentes o condenados por delitos dolosos

Se mantiene la imposibilidad de acceder a la libertad condicional para los reincidentes y condenados por delitos dolosos cometidos con violencia que hayan conllevado daños físicos o mentales, o la muerte para la víctima. La misma prohibición se aplica para los delitos de corrupción de menores, explotación de la prostitución, contrabando agravado, financiamiento del terrorismo y tráfico de estupefacientes.

¿Qué es el socio judicial?

El nuevo Código además incorpora el seguimiento socio judicial, como una medida de seguridad posterior al cumplimiento de la pena. Es para determinados delitos muy graves y establece por ejemplo la obligación del condenado de estar siempre localizable mediante dispositivos electrónicos que permitan su seguimiento permanente, la obligación de presentarse periódicamente en el lugar que el órgano competente establezca, la obligación de comunicar inmediatamente cada cambio de residencia, o la prohibición de aproximarse a la víctima o a sus familiares, entre otros elementos.

La reforma establece criterios diferenciados de determinación de las penas a fin de brindarle a los jueces pautas claras, según el sujeto involucrado sea una persona física o una persona jurídica.

 

¿Qué pasa con el Colaborador Eficaz o arrepentido?

Se mantiene la figura del colaborador eficaz (o arrepentido) para delitos de narcotráfico, delitos aduaneros, terrorismo, corrupción de menores, privaciones ilegales de la libertad agravadas, trata de personas, soborno transnacional, asociación ilícita y delitos de corrupción. Se prevé la posibilidad de reducción de la pena para la persona jurídica que colabore voluntariamente en la investigación.

 

Elevan las penas por la portación ilegal de armas de fuego

En cuanto a la tenencia y portación ilegal de armas de fuego, se elevan las escalas penales, fijando la mínima en 3 años y 6 meses. Se prevé el tráfico ilegal de armas con penas de 5 a 10 años de cárcel.

La violencia de género tiene su espacio

Respecto de la violencia de género, se la establece como una circunstancia agravante de la pena que obliga al juez a imponer una pena dentro del tercio superior de la escala penal que corresponda para cada delito.

 

Nuevo delito: ocultamiento patrimonial

Se incorpora el delito de ocultamiento patrimonial fraudulento para los cónyuges que oculten bienes al otro con motivo de la separación, con pena de hasta 4 años de prisión.

Se prevé una escala penal de 10 a 25 años para el homicidio en ocasión de robo.

 

Corrupción como causal de interrupción de la prescripción

El proyecto introduce como nuevas causales de interrupción de la prescripción de la acción penal la declaración de rebeldía del imputado y la solicitud de extradición. En cuanto al decomiso, se moderniza ese instituto, proponiendo que abarque todas las cosas o bienes que hayan servido de instrumento o medio en la comisión del hecho y de los que constituyan el producto, provecho o la ganancia, directos o indirectos del delito, cualesquiera que sean las transformaciones que hubiere podido experimentar tanto para personas físicas como jurídicas.

Asimismo se prevé la posibilidad de decomisar los bienes anticipadamente y de manera definitiva, antes de la condena penal, para todos los delitos, en caso de que se verifiquen ciertas condiciones. Se establece el decomiso de los bienes de valor equivalente, en caso de que no se logre recuperar el bien concreto, porque, por ejemplo, esté en otra jurisdicción.

Por otra parte, el proyecto prevé un aumento sustancial de las escalas penales respecto de los delitos de corrupción, en especial los de cohecho, soborno transnacional, enriquecimiento ilícito, con escalas penales que van de 4 a 12 años de prisión (en la actualidad es de 1 a 6 años, y 2 a 6 para enriquecimiento ilícito).

 

Nuevos agravantes para el cohecho pasivo/activo e internacional

Se contemplan nuevas agravantes para los delitos de cohecho pasivo y activo y soborno trasnacional: cuando el funcionario involucrado ocupe el cargo de presidente de la Nación, vicepresidente, jefe de Gabinete, ministro o secretario de Estado; gobernador o vicegobernador provincial; jefe de Gobierno o vicejefe de CABA; intendente municipal; magistrado nacional o provincial; legislador nacional, provincial, o municipal, con una escala penal de 5 a 15 años de prisión. En la actualidad solo se agrava cuando el funcionario sea un magistrado del Poder Judicial de la Nación o del Ministerio Público, y la escala penal es de 4 a 12 años de prisión.

El delito de soborno entre privados, con posibilidad de que las personas jurídicas puedan responder por este delito.

El proyecto amplía el sujeto activo del delito de enriquecimiento ilícito (actualmente es solo para funcionarios públicos) a todos aquellos sujetos obligados por ley a presentar declaraciones juradas patrimoniales, como son por ejemplo los titulares de obras sociales.

En el caso de lavado de activos, se mantiene la tipificación del delito de lavado de activos con pena de 3 a 10 años de prisión y se contempla la agravante en el caso de que se encuentre involucrado un funcionario público, lo que se traduce en una pena mayor, de 4 años y 6 meses a 13 años y 4 meses de prisión.

 

Atención piquetes que entorpezcan el tránsito

El proyecto contempla también el caso de los piquetes: prevé pena de hasta 3 años de prisión para quien por cualquier medio detenga o entorpezca la marcha de un medio de transporte público o, sin autorización, detenga o entorpezca la marcha de un medio de transporte privado.

 

¿Qué dice el nuevo Código Penal sobre el aborto?

El anteproyecto elaborado por una comisión conformada por el Ministerio de Justicia de la Nación mantiene las causales actuales de aborto no punible con lo que define como “una redacción superadora” que recepta la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre el caso F.A.L., cuando el embarazo provenga de un abuso sexual (se reemplaza la referencia a la “violación o de un atentado al pudor cometido sobre mujer idiota o demente”, por “abuso sexual”, siguiendo la terminología actual). Queda incluido cualquier embarazo producto de un abuso sexual.

 

El proyecto contempla el aborto no punible cuando sea con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud física o mental de la madre, y si este peligro no puede ser evitado por otros medios.

Con respecto a la sanción impuesta a la mujer que causare su propio aborto o consintiere que otro se lo causare, el proyecto al que accedió parlamentario.com prevé la posibilidad de que el juez disponga que la pena de prisión -que podrá ser de 1 a 3 años- se deje en suspenso o que la exima de ella, teniendo en cuenta los motivos que la impulsaron a cometer el hecho y su naturaleza, su actitud posterior y las demás circunstancias que demuestren la inconveniencia de aplicar pena privativa de la libertad.

Además, se tipifica el aborto imprudente -con excepción de aquel causado por la mujer embarazada, que no será punible-, las lesiones ocasionadas a la persona por nacer, así como también los tratamientos médicos no consentidos y la violencia obstetricia.

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