Este es el proyecto de adhesión de Mendoza a la ley Micaela que obliga a capacitar sobre género en los entes del Estado

En diciembre de 2018 fue promulgada a nivel nacional la Ley Micaela, la cual promueve la necesidad de que los empleados estatales sepan cómo enfrentar situaciones que tienen que ver con la violencia de género.

Publicada el martes 27 de agosto de 2019

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Durante la sesión del Senado, se dio aprobación a una propuesta de los senadores Ernesto Mancinelli y Daniela García al que le fue acumulado las iniciativas de Fernanda Lacoste y Ana Sevilla para adherir a las disposiciones de la ley nacional 27499 que trata de la capacitación obligatoria en temática de género y violencia contra las mujeres con funciones en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Durante la votación, 32 senadores votaron de manera afirmativa mientras que es legislador Héctor Bonarrico no acompañó la propuesta. Pasó a Diputados en revisión. 

La senadora Daniela García dio el detalle sobre los puntos más importantes  de esta propuesta. “Esta ley establece la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado, tiene por objetivo capacitar y sensibilizar a quienes integran los diferentes estamentos del Estado a los fines de dar cumplimiento a un deber que asumió nuestro país al firmar la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer", opinó.

El senador Ernesto Mancinelli remarcó que la ley Micaela va ser una política de género permanente. “Ya venimos implementando con el  Ejecutivo en lo que hoy vamos a darle media sanción. Necesitamos trabajar más sobre esta temática”, remarcó.

Asimismo la legisladora Fernanda Lacoste adhirió a las palabras de García. “Es importante saber que vamos a tener que capacitarnos todos los funcionarios públicos de los tres poderes de la provincia de Mendoza”, aseguró.

Ana Sevilla reclamó que falta trabajar mucho en esta problemática,  el senador Héctor Bonarrico no acompañó la propuesta.

En qué consiste este proyecto

La senadora mendocina por el Frente para la Victoria, Fernanda Lacoste, presentó un proyecto (Expediente N° 72669) que tiene por objeto que la provincia de Mendoza adhiera a la Ley Nacional N° 27.499 conocida como “Ley Micaela” a través de la cual se busca la "Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los tres Poderes del Estado”.

A nivel nacional, esta Ley fue promulgada en diciembre del año 2018 y reglamentada durante el mes de enero de 2019, mediante el Decreto N°38/2019.

La iniciativa presentada en el Congreso Nacional fue motivada por el caso de femicidio de Micaela García, ocurrido en la ciudad de Gualeguay, provincia de Entre Ríos en abril 2017, en manos de Sebastián Wagner y Néstor Pavón.

El proyecto fue presentado por la Senadora Lacoste y elaborado con aportes de importantes referentes del ámbito judicial para la temática de género y Derechos Humanos de todo el país. Más allá de la sensibilidad particular por el caso, la norma fue presentada a los fines de dar cumplimiento a un deber que asumió nuestro país al firmar la “Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer” (“Convención de Belém do Pará”).

Fundamentos de este proyecto

La búsqueda de la adhesión a la ley nacional radica en que esta Convención establece en su Artículo Nº 8-c que los Estados parte fomentarán “la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer”. En igual sentido, la Recomendación General Nº 19 del “Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer” señala que “es indispensable que se capacite a los funcionarios judiciales, los agentes del orden público y otros funcionarios públicos para que apliquen la Convención”.

El caso “Micaela García” tuvo gran conmoción pública debido a que Wagner ya había sido condenado por violación, y debería haber permanecido preso según los dictámenes profesionales, pero sin embargo –al momento en que atacó a Micaela- gozaba de libertad condicional por decisión judicial del Juez de Ejecución de Entre Ríos Carlos Rossi. De esta manera, bajo responsabilidad del Estado, se le permitió atacar a una nueva víctima, en este caso con final de muerte, pudiendo haber sido una muerte totalmente evitable.

La respuesta para intentar eliminar la repetición de estas situaciones que son causadas tanto por la expresión extrema de la violencia machista en la sociedad, pero también por la falta de formación en teoría de género por parte de quienes imparten justicia, fue crear y desarrollar el "Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres" que implica la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

En su artículo N° 10, la norma invita a las provincias a adherir al cumplimiento del Programa Nacional y a ampliar a los organismos estatales locales.

A nivel de los organismos nacionales, la capacitación de las máximas autoridades de los tres poderes queda a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres, que en su página web, deberá brindar acceso público y difundir el grado de cumplimiento de las disposiciones de la ley en cada uno de los organismos.

A su vez, la ley será de cumplimiento obligatorio y, por lo tanto, se prevén sanciones para las personas que se nieguen sin justa causa a realizar las capacitaciones previstas. En caso de incumplimiento de esa intimación será considerado una falta grave que no sólo dará lugar a la sanción disciplinaria pertinente sino que, además, se hará pública la negativa a participar en la capacitación por parte de la autoridad de aplicación.

Respecto al fenómeno de violencia en sí, se sabe que durante 2018, se cometió un femicidio cada 32 horas. El dato surge de un informe que la Casa del Encuentro presentó ante la Cámara de Diputados de la Nación. Según relevó este estudio, en el último año hubo 273 víctimas de femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas y 35 femicidios vinculados de hombres y niños. Además de las muertes, estos crímenes dejaron un saldo de 339 hijos sin madre, 68 por ciento de los cuales son menores de 18 años.

El estudio, que se basó en datos recopilados de las Agencias informativas Télam y DyN y de 120 diarios de distribución nacional y/o provincial, abarca el periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2018.

En 2018, la mayor cantidad de femicidios se registró en las provincias de Buenos Aires (93), Santa Fe (27), Córdoba (24), Tucumán (17) y Mendoza (16), por lo que vemos que nuestra provincia no está ajena a este cruel fenómeno, de hecho comenzó el año 2019 con casos que estremecieron a todo el país, manteniéndose tristemente entre las primeras cinco provincias en el ranking de femicidios.

Qué dice el proyecto textualmente

Con fecha 12 de abril de 2019, la iniciativa dice:

Artículo 1: Adherir a la Ley Nacional N° 27.499 de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los tres Poderes del Estado (“Ley Micaela”) conforme lo establecido en el Artículo 10 de la mencionada Ley, desarrollando el "Programa Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres" para la provincia de Mendoza.

Art. 2: El organismo de aplicación de la siguiente Ley será Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes del Gobierno de Mendoza, a través de la “Dirección de Género y Diversidad”, o el organismo que en su futuro lo reemplace, quien deberá informar, promover y garantizar el cumplimiento del Programa, además de revisar los contenidos temáticos para adecuación a los objetivos específicos de la citada Ley.

Art. 3: Lo establecido en la presente ley sobre desarrollo del Programa será de obligatoriedad para todos y cada uno de los organismos públicos dependientes del Estado provincial.

 

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