La problemática de los cóndores envenenados (II Parte)

La protección legal de estos animales no evitó su matanza, un hecho irreversible de gran impacto ambiental.

Publicada el jueves 15 de febrero de 2018

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Algunas especies de la fauna silvestre de la provincia, se encuentran protegidas no sólo por el marco jurídico explicitado sino que también por el régimen de las áreas naturales protegidas previsto en la Ley 6.045, estableciendo la prohibición absoluta de la caza en los parques y reservas naturales, como la protección integral de aquellos ecosistemas.

            Por otra parte, algunas especies de la fauna autóctona han sido declaradas Monumento Natural Provincial, de acuerdo a la clasificación que establece el art. 20 de la Ley 6045 y las disposiciones del art. 20 de la citada norma.

            Por ello, por Ley 6599, modificada por la Ley 7099, se dispuso la declaración de Monumento Natural a las siguientes especies de animales silvestres y sus hábitats naturales: condor (vultur gryphus),  choique o suri (pteronemia pennata). guanaco (lama guanicoe),  tortuga  del  macizo extracordillerano  del  nevado  (helonoidis   donosabarrosi), liebre mara, criolla o patagonica (dolichotus patagonum) y el pichiciego (chlamyphorus truncatus).  Se establece la veda total y permanente de caza para estas especies, prohibiéndose su tenencia en cautiverio, excepto para fines educativos, científicos, de subsistencia o de manejo sustentable, para lo cual se requerirá autorización expresa a la autoridad de aplicación.

            Como se advierte, el cóndor como animal emblemático de nuestra provincia, se encuentra ampliamente protegido, en todas sus formas, por lo que no hay mayores comentarios al respecto. Ahora bien, como se advierte, ello no ha impedido la matanza de treinta cuatro ejemplares por envenenamiento, además de un ejemplar de puma.

            Esto es un hecho irreversible, de un enorme impacto ambiental, constituyendo claramente un daño ambiental en los términos del art. 27 y concs. de la Ley General del Ambiente 25675, por lo que se abre la puerta para la aplicación de este instituto jurídico.

            Es además un delito del Derecho Penal, establecido en la Ley de Fauna 22.421, en sus arts. 24 al 27, que dispone:

“ARTICULO 24. — Será reprimido con prisión de un (1) mes a un (1) año y con inhabilitación especial de hasta tres (3) años, el que cazare animales de la fauna silvestre en campo ajeno sin la autorización establecida en el Artículo 16, inciso a).

ARTICULO 25. — Será reprimido con prisión de dos (2) meses a dos (2) años y con inhabilitación especial de hasta cinco (5) años, el que cazare animales de la fauna silvestre cuya captura o comercialización estén prohibidas o vedadas por la autoridad jurisdiccional de aplicación.

La pena será de cuatro (4) meses a tres (3) años de prisión con inhabilitación especial de hasta diez (10) años cuando el hecho se cometiere de modo organizado o con el concurso de tres (3) ó más personas o con armas, artes o medios prohibidos por la autoridad jurisdiccional de aplicación.

ARTICULO 26. — Será reprimido con prisión de dos (2) meses a dos (2) años y con inhabilitación especial de hasta cinco (5) años el que cazare animales de la fauna silvestre utilizando armas, artes o medios prohibidos por la autoridad jurisdiccional de aplicación.

ARTICULO 27. — Las penas previstas en los artículos anteriores se aplicarán también al que a sabiendas transportare, almacenare, comprare, vendiere, industrializare o de cualquier modo pusiere en el comercio piezas, productos o subproductos provenientes de la caza furtiva o de la depredación”.

            Esto es también sin perjuicio de la aplicación posible del capítulo cuarto del Código Penal Argentino, que regula los delitos contra la salud pública.

            Está clara la responsabilidad administrativa, penal y ambiental de quienes envenenaron con cebos y causaron la muerte de tales especies de la fauna silvestre, una vez que se investigue el caso y se puedan hallar a los autores materiales del hecho.

            Ahora bien, que se debe investigar y disponer la responsabilidad ambiental de los propietarios o titulares del inmueble o campo en donde se produjo este hecho, pues son ellos quienes administran y lucran con los contratos de arrendamiento a los puesteros para la veranada del ganado caprino y ovino. Efectivamente, los dueños de los campos en donde ocurrieron estos hechos, tienen un deber genérico de usar los mismos con función ambiental, de acuerdo a lo dispuesto por los arts. 240 y 241 del Código Civil y Comercial de la Nación. Esta novedosa figura jurídica ha significado un avance notable en el ejercicio del derecho de propiedad, pues le impide a sus titulares el ejercicio abusivo del mismo, debiendo hacerlo en forma sustentable. Rezan dichos artículos:

“ARTICULO 240.- Límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes. El ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes mencionados en las Secciones 1ª y 2ª debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. Debe conformarse a las normas del derecho administrativo nacional y local dictadas en el interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros, según los criterios previstos en la ley especial.

ARTICULO 241.- Jurisdicción. Cualquiera sea la jurisdicción en que se ejerzan los derechos, debe respetarse la normativa sobre presupuestos mínimos que resulte aplicable.

            Es decir, el propietario tiene un deber genérico de propender a la tutela del ambiente (art. 41 CN), sino que además el ejercicio de su derecho de propiedad sobre el inmueble no puede afectar la biodiversidad, la fauna, etc. (art. 240 CCyCN), por lo que tiene una doble responsabilidad ambiental. Amén de lo expuesto, dicho propietario evidentemente ha generado contratos de arrendamientos con los distintos puesteros que usufructúan dichos campos en la veranada, por lo que tiene un perfecto conocimiento de quienes son los que ingresan a su campo, qué actividades hacen y cuál es el plazo de duración del arrendamiento. El propietario elige con quien contratar y conoce perfectamente cuál es objetivo del arrendamiento, por lo que de algún modo se hace responsable de lo que ocurre en su propiedad, en el caso la realización de actividades prohibidas por la ley y la matanza de especies protegidas.

            En consecuencia, y como razonamiento lógico, el propietario del campo es el responsable de lo que sucede dentro de su propiedad, es quien tiene la custodia y el deber de proteger los ecosistemas allí existentes, siendo además responsable de la suerte que corren las especies protegidas que allí habitan. Debemos destacar, que además el propietario obtiene un lucro por los arrendamientos pues cobra un canon de alquiler a los puesteros.

            Por ello, entiendo que, en principio, le son aplicables a los propietarios las normas del art. 27 y concs. de la Ley 25.675 de responsabilidad por el daño ambiental causado por la muerte de los treinta cuatro cóndores y el puma envenenado, pues existe una clara solidaridad entre los autores materiales del hecho (puesteros arrendatarios) y los propietarios arrendadores, en razón de los mismos trabajan por expresa autorización de los dueños, por un contrato específico y del cual obtienen una renta o lucro.

            Las normas de la Ley 25.675 que regulan la responsabilidad ambiental y el daño ambiental son las siguientes:

ARTICULO 27. — El presente capítulo establece las normas que regirán los hechos o actos jurídicos, lícitos o ilícitos que, por acción u omisión, causen daño ambiental de incidencia colectiva. Se define el daño ambiental como toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos.

ARTICULO 28. — El que cause el daño ambiental será objetivamente responsable de su restablecimiento al estado anterior a su producción. En caso de que no sea técnicamente factible, la indemnización sustitutiva que determine la justicia ordinaria interviniente, deberá depositarse en el Fondo de Compensación Ambiental que se crea por la presente, el cual será administrado por la autoridad de aplicación, sin perjuicio de otras acciones judiciales que pudieran corresponder.

ARTICULO 29. — La exención de responsabilidad sólo se producirá acreditando que, a pesar de haberse adoptado todas las medidas destinadas a evitarlo y sin mediar culpa concurrente del responsable, los daños se produjeron por culpa exclusiva de la víctima o de un tercero por quien no debe responder.

La responsabilidad civil o penal, por daño ambiental, es independiente de la administrativa. Se presume iuris tantum la responsabilidad del autor del daño ambiental, si existen infracciones a las normas ambientales administrativas.

ARTICULO 30. — Producido el daño ambiental colectivo, tendrán legitimación para obtener la recomposición del ambiente dañado, el afectado, el Defensor del Pueblo y las asociaciones no gubernamentales de defensa ambiental, conforme lo prevé el artículo 43 de la Constitución Nacional, y el Estado nacional, provincial o municipal; asimismo, quedará legitimado para la acción de recomposición o de indemnización pertinente, la persona directamente damnificada por el hecho dañoso acaecido en su jurisdicción.

Deducida demanda de daño ambiental colectivo por alguno de los titulares señalados, no podrán interponerla los restantes, lo que no obsta a su derecho a intervenir como terceros.

Sin perjuicio de lo indicado precedentemente toda persona podrá solicitar, mediante acción de amparo, la cesación de actividades generadoras de daño ambiental colectivo.

ARTICULO 31. — Si en la comisión del daño ambiental colectivo, hubieren participado dos o más personas, o no fuere posible la determinación precisa de la medida del daño aportado por cada responsable, todos serán responsables solidariamente de la reparación frente a la sociedad, sin perjuicio, en su caso, del derecho de repetición entre sí para lo que el juez interviniente podrá determinar el grado de responsabilidad de cada persona responsable.

En el caso de que el daño sea producido por personas jurídicas la responsabilidad se haga extensiva a sus autoridades y profesionales, en la medida de su participación.

ARTICULO 32. — La competencia judicial ambiental será la que corresponda a las reglas ordinarias de la competencia. El acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo o especie. El juez interviniente podrá disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso, a fin de proteger efectivamente el interés general. Asimismo, en su Sentencia, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, el juez podrá extender su fallo a cuestiones no sometidas expresamente su consideración por las partes.

En cualquier estado del proceso, aun con carácter de medida precautoria, podrán solicitarse medidas de urgencia, aun sin audiencia de la parte contraria, prestando debida caución por los daños y perjuicios que pudieran producirse. El juez podrá, asimismo, disponerlas, sin petición de parte.

ARTICULO 33. — Los dictámenes emitidos por organismos del Estado sobre daño ambiental, agregados al proceso, tendrán la fuerza probatoria de los informes periciales, sin perjuicio del derecho de las partes a su impugnación.

La sentencia hará cosa juzgada y tendrá efecto erga omnes, a excepción de que la acción sea rechazada, aunque sea parcialmente, por cuestiones probatorias”.

 

           CONCLUSION

            En resumen, los propietarios tienen una responsabilidad de proteger el ambiente que se encuentra inserto en su inmueble, en particular los especímenes de la fauna protegida como Monumento Natural Provincial, por el deber genérico de protección del art. 41 de la C.N., por las disposiciones del ejercicio del derecho de propiedad de los arts. 240 y 241 del CCyCN (función ambiental de la propiedad) y por las disposiciones que regulan el daño ambiental de la Ley 25.675.

            Conforme a ello, el Gobierno de Mendoza y la Fiscalía de Estado tienen todos los instrumentos necesarios para constituirse querellantes en las causas penales que pudiesen originarse por este hecho, como asimismo disponer de todas acciones de daños y perjuicios por la responsabilidad por daño ambiental ocasionadas por la muerte de las especies en cuestión en contra de los autores materiales del hecho como asimismo en contra de los propietarios del inmueble en donde ocurrieron los hechos.

            Sin perjuicio de lo expuesto, parece claro que las autoridades provinciales deberán tomar cartas en el asunto para prevenir hechos de esta naturaleza impidiendo que se continúen con esta nefasta práctica del envenenamiento con cebos en los campos naturales, pues no sólo causa enormes perjuicios a la fauna y a los ecosistemas, sino que también a los propios habitantes del campo y a sus grupos familiares.

            Deberían establecerse prácticas de subsidios a los puesteros por la pérdida de ganado por acción del puma y el zorro, las que se encuentran previstas en el art. 1 de la Ley 22.421 y que pueden disponerse por vía reglamentaria sin necesidad de ley alguna (salvo presupuestaria) como así también verificar la posible aplicación y reglamentación de la Ley 8846 para la protección del ganado por ataque de especies salvajes carnívoras.

Ver los Detalles legales que protegen a la fauna silvestre de Mendoza

 

Dr. Víctor Guillermo Hernández

Unidad de Enlace- Vicegobernación

 

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