Más de 4000 funcionarios deberán presentar sus declaraciones juradas

Esto será por las modificaciones que el senado realizó sobre la Creación de la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública.

Publicada el miércoles 23 de mayo de 2018

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La Cámara de Senadores realizó una modificación de la Ley 8993 a través de la cual se creó la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública. En la misma se establece la obligatoriedad de que los funcionarios de todos los poderes y entes descentralizados presenten su declaración jurada o modificaciones a las ya presentadas. Cabe mencionarse que esto deberá hacerlo cada trabajador por su cuenta, ya que podrá bajar los formularios respectivos.

El proyecto de modificación es de autoría del Senador Marcelo Rubio y consiste en prorrogar por única vez, el plazo establecido para dicha presentación. La prórroga será por 60 días corridos a contar a partir del 10 de agosto del 2018.

La decisión de posponer estos plazos se basa en la necesidad de poner en marcha esta nueva oficina, la cual estará a cargo del Dr. Gabriel Balsells Miró como Auditor de la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública, siendo entonces su fecha de nombramiento del 11/05/2018, y esa fecha la que marca la entrada en vigencia de la ley 8993. El Poder Ejecutivo lo designó a través de los Decretos 546/2018, 609/2018. Además serán alrededor de 4000 funcionarios quienes deberán hacer su declaración jurada o modificar la que ya hayan hecho si es que hubo cambios en la misma.

¿De qué se trata esta ley?

La ley 8993 fue aprobada del 8 de agosto de 2017 y promulgada el 16 de agosto de 2017, regula las normas de conducta que deben regir en el ejercicio de la función pública para su responsable, honesto, justo, digno y transparente desempeño por parte de quienes detentan la obligación de desarrollarla, en cualquiera de las jerarquías, formas o lugares en donde la ejerzan (art. 1).

¿A dónde funcionará?

Se dispone la creación en el ámbito de la Unidad Legislativa dependiente de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Mendoza, la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública como órgano técnico e independiente, con autonomía funcional, financiera y presupuestaria encargado de los registros y las investigaciones administrativas necesarias para el cumplimiento de la presente ley.

¿Quién estará a cargo de esta oficina?

Estará a cargo de un Auditor (Dr. Gabriel Balsells Miró), que será designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado (arts. 25 y 26).

Art. 25 - Créase en el ámbito de la Unidad Legislativa dependiente de la 
Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Mendoza, la Oficina de 
Investigaciones Administrativas y Ética Pública como órgano técnico e 
independiente, con autonomía funcional, financiera y presupuestaria encargado de 
los registros y las investigaciones administrativas necesarias para el 
cumplimiento de la presente ley.

Art. 26 - La Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública estará a 
cargo de un Auditor, que será designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del 
Senado. Su mandato durará cinco (5) años. Puede ser acusado por las causas a que 
se refiere el Art. 109 de la Constitución Provincial ante el Jury de 
Enjuiciamiento que se rige por el artículo 164 de la Constitución Provincial y 
concordantes.

¿Quiénes deberán presentar sus declaraciones juradas?

1-El Gobernador/a y Vicegobernador/a de la Provincia de Mendoza, los Ministros/as, Secretarios/as, Subsecretarios/as, Jefes/as de Gabinete, Directores/as, Directores/as Generales o equivalentes del Poder Ejecutivo, y los titulares de los entes descentralizados,

2-Los Diputados/as y Senadores/as de la Provincia de Mendoza, Secretarios/as y Directores/as Generales del Poder Legislativo Provincial;

3 - Los miembros de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Defensor/a General de la Provincia, el/la Procurador/a General de la Corte, el/la Administrador/ra de la Suprema Corte de Justicia, el/la Administrador/ra Financiero del Ministerio Público Fiscal y el o la responsable de Contabilidad y Finanzas del Ministerio Público de la Defensa y Pupilar, los/as Camaristas, Jueces, Conjueces, Fiscales y Defensores; y los/las Adjuntos/tas, Secretarios/as y Prosecretarios/as de todos los organismos mencionados o cargos equivalentes;

4 - Los/las Intendentes Municipales, Secretarios/as y Directores/as de las Municipalidades; Contador/a general, Tesorero/a, Asesor/a Legal de Intendencia, Apoderados/as del Municipio, Subsecretarios/as.

5 - Los/las Concejales, Secretarios/as y Directores/as Generales de los Concejos Deliberantes municipales;

6 - El/la Fiscal de Estado, como así también todo el personal con categoría no inferior a director o equivalente de dicho organismo;

7 - El/la Director/a General de Escuelas de la Provincia de Mendoza como así también todo el personal con categoría no inferior a director o equivalente de dicho organismo;

8 - El/la Superintendente/a General de Irrigación y los Consejeros del Honorable Tribunal Administrativo, como así también todo el personal con categoría no inferior a director o equivalente de dichos organismos;

9 - Toda persona que integre comisiones de evaluación de ofertas o de adjudicación en licitaciones públicas o privadas, de compra o contratación de bienes o servicios en que intervenga la Provincia de Mendoza, o que administre patrimonio público o maneje fondos públicos y funcionarios que tengan responsabilidad ante el Tribunal de Cuentas;

10 - Los/las miembros del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza, como así también todo el personal con categoría no inferior a director o equivalente de dicho organismo;

11 - Las personas que integren los organismos de control no indicados específicamente en este artículo, con categoría no inferior a la de Director General;

12 - Los/las directivos/as, síndicos e integrantes de los directorios de los organismos descentralizados, entidades autárquicas, organismos de seguridad social, las empresas y sociedades del Estado incluidas las sociedades anónimas unipersonales, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones, donde el Estado provincial tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias;

13 - El/la Jefe/a de la Policía de Mendoza y los/las funcionarios/as policiales de la misma con el rango de Subcomisario/a o superior. En el caso del Servicio Penitenciario, funcionarios con cargo de Director/a y Subdirector/a;

14 - El/la directora/a General de las Policías de Mendoza y Subdirector/a, los/las funcionarios/as policiales de la misma con el rango de oficiales superiores y los/las oficiales, jefes/as de las policías de Mendoza. En el caso de los servicios penitenciarios funcionarios/as con cargo de director/a y/o subdirector/a, los/las prefectos/as generales, los prefectos/as y los/las 
alcaides mayores del servicio penitenciario provincial;

15 - Escribano/a General de Gobierno y su sustituto legal;
16 - Tesorero/a General de la Provincia y su sustituto legal;
17 - Asesor/a de Gobierno y su sustituto legal;
18 - Contador/a General de la Provincia y su sustituto legal;
19 - Auditores/a comprendidos en la Ley 8706; y
20 - Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública

¿Por qué es esta prórroga?

Para poder poder implementar el funcionamiento de un Sistema Informático para el manejo de una base de datos con todas las medidas de seguridad que correspondan a los efectos de permitirle a cada uno de los obligados por esta ley a presentar y cargar su Declaración Jurada por primera vez, y a renovar periódicamente su contenido de acuerdo a los establecido legalmente. Que será responsabilidad de cada uno de los obligados el cumplimiento de los plazos establecidos en la norma, y la veracidad de los datos que cargue en el sistema que se ponga en funcionamiento.

 

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