Los subsecretarios de Justicia y Trabajo presentaron el proyecto del Nuevo Código Procesal Laboral

Además docentes de Institutos de Educación Superior y representantes gremiales se reunieron con senadores para analizar su situación.

Publicada el jueves 30 de agosto de 2018

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Intenso trabajo se desarrolló hoy en las distintas comisiones del Senado provincial. Por un lado, representantes del Ejecutivo presentaron el proyecto del nuevo Código Procesal Laboral. En tanto docentes del Instituto de Educación Superior se reunieron con los representantes de la comisión de Derechos y Garantías.

Los y las integrantes de la comisión y Asuntos Constitucionales recibieron esta mañana a Marcelo D´Agostino, subsecretario de Justicia y Relaciones Institucionales; a Carlos Segura, subsecretario de Trabajo y Empleo; y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, Mario Adaro y Dalmiro Garay.

Los funcionarios del Ejecutivo se acercaron para explicar los alcances de la iniciativa enviada por el Gobierno Provincial que modifica más de veinte artículos del Código Procesal Laboral de Mendoza. La propuesta fue presentada en el mes de mayo, poco después de que se diera por iniciado el Período Ordinario de Sesiones.

Durante la reunión que duró poco más de dos horas, los legisladores de la oposición pudieron presentar sus consideraciones ante el proyecto presentado por el Ejecutivo y además los funcionarios contestaron algunas consultas realizadas por los y las integrantes de la comisión de LAC.

Al comienzo de la reunión que fue encabezada por el presidente de LAC Marcelo Rubio, el subsecretario de Trabajo Carlos Segura detalló que se “incorporan plazos cortos y se eliminan instancias” y que se promueve una mayor “oralidad en los procesos”.

Además explicó que la propuesta apunta a reducción de los tiempos del proceso, a facilitar el acceso a la Justicia, y a permitir una compatibilización con el Código Procesal Civil y Comercial, con el Sistema de Conciliación Obligatoria de la Ley 8.990 y con los sistemas de notificación electrónica.

Para ello fue que desde el Gobierno provincial propusieron que la competencia de las Cámaras del Trabajo sean específicas; se suprimiría la competencia en materia laboral de los Juzgados de Paz; se limitaría la intervención del Ministerio Público, se impulsaría un proceso de oficio y de las partes; y se regularía la caducidad de instancia, entre otras modificaciones.

El proceso de caducidad se llevaría adelante para el supuesto de que haya transcurrido el plazo de un año sin que haya existido petición o providencia judicial que tenga por finalidad impulsar el procedimiento. Previo a la sustanciación del pedido de caducidad, deberá notificarse al trabajador en el domicilio real denunciado y legal constituido.

Este punto, como el de las competencias en forma originaria y en grado de apelación, fueron criticados por la oposición ya que consideraron que va en perjuicio de los trabajadores.

Por su parte, el Ministro de la Corte, Dalmiro Garay, agradeció a los integrantes de la comisión por haberlos invitado a participar de la reunión. Además añadió: “Nos parece muy razonable llevar un esquema similar de oralidad y de inmediatez que hoy rige el proceso civil y que da buenos resultados”.

También celebró que se mejore el sistema de pericias para que las partes logren llegar a un acuerdo rápidamente y poder llegar a una resolutiva sin tener que esperar 3 o 4 años que es lo que hoy demoran las Cámaras de Trabajo.

Luego, Mario Adaro habló sobre el proceso de Caducidad en donde deberá notificarse al trabajador en el domicilio real denunciado y legal constituido, quien deberá dentro del plazo de diez días instar el proceso bajo apercibimiento de sustanciarse el pedido de caducidad de instancia. En este caso deberá desestimarse sin más trámite el pedido de caducidad, sin costas.

En este sentido solicitó que se utilice un lenguaje sencillo cuando llegue la notificación en el domicilio del trabajador para facilitar su entendimiento. También aportó que es importante comenzar a utilizar redes sociales para comenzar a comunicar sobre algunos procesos y que las personas tengan un rápido acceso.

El subsecretario de Justicia Marcelo D' Agostino indicó: "Este proyecto viene a reformar algunos aspectos que estaban pendientes y que son muy importantes, uno de ellos es sobre la Caducidad de instancia."

En este aspecto, el funcionario comentó: “Esa modificación es relevante porque hoy en día en los procesos laborales no existe esa figura, por lo cual tenemos causas que llevan años sin movimiento, en detrimento del trabajador".

En cuanto a la Extensión de responsabilidad D´ Agostino manifestó: " Los casos de simulación o fraude, por parte del demandado, que deja como inhabilitada a una empresa son resueltos hoy por el Juez Civil y las sentencias laborales se vuelven incobrables. En nuevo Código contempla que en el caso de que haya insolvencia o fraude, el incidente sigue en cabeza del juez laboral".

Quienes participaron del encuentro acordaron reunirse el próximo lunes 3 de septiembre a las 11 para seguir analizando la propuesta enviada por el Ejecutivo.

 

Docentes de Institutos de Educación Superior y representantes gremiales se reunieron con senadores de Derechos y Garantías

En el salón Ricardo Rojas del Anexo de la Legislatura Provincial, integrantes de la Comisión de Derechos y Garantías  se reunieron con docentes y alumnos de Institutos de Educación Superior de Mendoza, quienes explicaron a los senadores la situación actual que atraviesan dichos institutos.

Participaron del encuentro representantes gremiales como es el caso de Sebastián Henríquez de SUTE y Gustavo Correa de la CTA, entre otros. Además estuvieron los legisladores Samuel Barcudi, Fernanda Lacoste, Luis Böhm, Marcelo Romano, Juan Antonio Agulles, Natalia Vicencio, Víctor da Vila, Lautaro Jiménez y Adolfo Bermejo.

“Es una buena posibilidad para que puedan expresar la realidad que se vive hoy en día. Nosotros incorporar esto en un acta que se presentó ayer firmada por todos los bloques de la oposición. En este expediente se solicita al Poder Ejecutivo la derogación de la Resolución 2010 del 2018 de la Dirección General de Escuelas y del decreto provincial 530 del 2018”, comentó Barcudi.

Por su parte, Gustavo Correa de la CTA explicó: “Las tomas y asambleas se han desarrollado de manera pacífica. Las discusiones que se han dado en los Institutos de Educación Superior se han realizado ordenadamente con participación de jóvenes, es una dimensión que hay que atender. Les pedimos a los legisladores que atiendan este asunto tan importante”.

Gustavo Juri coordinador de un centro educativo de San Rafael, expresó: “Estamos movilizados en la Provincia, no se puede educar así. Es una serie de repeticiones de hechos que se han venido desarrollando. Queremos manifestar esto. Apoyamos las medidas de fuerza”.

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