El debate posible ¿Reformar o no reformar la ley 7722?

A partir de mañana a las 9 se reunirán -en plenario- las comisiones de Ambiente, Hidrocarburos, Minería y Energía y Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC). Se convocará a expresar su opinión a empresas, sindicatos, universidades, municipios, asambleas del agua, especialistas y autoridades provinciales, Que dice la 7722 y los proyectos que quieren modificarla.

Publicada el miércoles 17 de octubre de 2018

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Mendoza presenta condiciones favorables para el hallazgo de un sinnúmero de minerales y rocas de aplicación. Así su suelo y subsuelo poseen reservas de cobre, oro, plata, plomo zinc, manganeso, hierro, potasio, yeso, baritina, bentonita, talco, áridos, rocas de aplicación, entre otros. También se extraen materias primas que permiten producir cemento.

La presencia de minas trabajadas en tiempos precoloniales en Paramillos de Las Heras, dan fe del interés del hombre en explorar y explotar estos recursos. La llegada de los jesuitas, durante la colonización española, no hizo más que acentuar este interés, prueba de ello es la mina San Lorenzo de Uspallata. Fue recién en 1870 que este tipo de exploraciones fue realizada con técnicas y planificación, merced al trabajo conjunto de empresas locales y extranjeras.

En 1930, los diarios de la época ya hablaban de un despegue del sector minero en cuanto a minerales no metalífcros. Muchas minas exploradas por entonces, con el tiempo, dieron paso a complejos minero-metalúrgicos que dejaron su huella en la provincia como Grasi, Carbomental, Fabril Casale, Fabril Sierra Pintada entre otros.  Entre los proyectos importantes de la minería moderna, Mendoza contó con Sierra Pintada de uranio, en producción entre 1979 y 1995, hoy cerrada; Potasio Río Colorado y San Jorge de cobre.

Hoy nuevamente entró en debate la Ley 7.722/07 que prohíbe la minería metalífera en Mendoza. Como se recordará, la misma tuvo arraigo en garantizar los recursos naturales, en especial el agua. Desde su sanción, se prohibió el uso de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo. Tal como se ve en el texto que a continuación acompañamos, no es menor la exigencia de que las declaraciones de impacto ambiental (las DIA) sean aprobadas en la Legislatura provincial.

 

Ley 7722, sancionada el 20 de Junio de 2007 y promulgada un día después.

Cabe recordar que la norma fue tratada en junio de 2007 en el Senado de Mendoza y los fundamentos podrán encontrarse aquí:

https://www.legislaturamendoza.gov.ar/diario/dia09-07.pdf. Cuando pasó a la Cámara de Diputados, que la aprobó también, no prosperó la moción de incorporar un artículo más que proponía que esta ley fuera de aplicación hasta tanto se aprobara un plan ambiental.
La ley, en su artículo primero, dice:
A los efectos de garantizar debidamente los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico, se prohibe en el territorio de la Provincia de Mendoza, el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo”,

Artículo 2º: Las empresas y/o personas jurídicas o físicas que a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley posean la titularidad de concesiones de yacimientos minerales metalíferos, o aquellas que industrialicen dichos minerales deben tramitar en el plazo de treinta (30) días el “informe de partida” que establece el Art. 24 del Decreto 2109/94, a efecto de cumplir con las exigencias de la presente Ley, bajo apercibimiento de cesar inmediatamente en su actividad hasta tanto adecuen todos sus procesos mineros y/o industriales”.

Art. 3º: “Para los proyectos de minería metalífera obtenidos a cualquier método extractivo para las fases de cateos, prospección, exploración, explotación, o industrialización, la DIA debe ser ratificada por ley. Los informes sectoriales municipales, del Departamento General de Irrigación y de otros Organismos Autárquicos son de carácter necesario, y se deberá incluir una manifestación específica de impacto ambiental sobre los recursos hídricos conforme al artículo 30 de la Ley 5961.

Para dejar de lado las opiniones vertidas en los dictámenes sectoriales deberá fundarse expresamente las motivaciones que los justifican”.

Establécese como autoridad de aplicación de la presente al Ministerio de Ambiente y Obras Públicas, que reglamentará el establecimiento de un Seguro de Garantía Ambiental para cada emprendimiento y creará, dentro de su ámbito, la Policía Ambiental Minera que tendrá como función específica el control y seguimiento de cada uno de los emprendimientos mineros de la Provincia de Mendoza, debiendo informar todas las actividades desarrolladas semestralmente a las comisiones de Medio Ambiente de la Legislatura Provincial. Asimismo en lo que refiere a la preservación y uso del agua el Departamento General de Irrigación deberá ejercer el control específico y seguimiento de cada uno de los emprendimientos mineros de la Provincia, en todas y cada una de sus etapas, cuando los mismos afecten las cuencas hídricas”, dice el artículo cuarto.

Artículo 5º: “La autoridad de aplicación garantizará, en todo proceso de evaluación del proceso de impacto ambiental, la participación de los municipios de las cuencas hídricas y aquellas regiones que se manifiesten como tales, afectadas por el proyecto respectivo, debiendo respetarse las realidades productivas y sociales de cada uno de los mismos, cuyos dictámenes sectoriales serán de carácter necesarios”.

 

Art. 6º: “La autoridad administrativa deberá identificar los daños ambientales que puedan existir y/o que se produzcan en el futuro con causa en la actividad minera, a efectos de exigir administrativamente la remediación del daño, o en su defecto requerir la misma según el procedimiento judicial que regula la Ley 25.675”.


Ocho años más tarde (2015) -tras los reclamos en el Poder Judicial de muchas empresas mineras que hicieron foco en la inconstitucionalidad de la norma- fue la Suprema Corte de Justicia en pleno la que ratificó, en forma unánime, la constitucionalidad de la ley:

http://www2.jus.mendoza.gov.ar/listas/proveidos/vertexto.php?ide=4519771086

El proyecto del Senador Alejandro Abraham

 El senador Alejandro Abraham (Unidad Ciudadana) presentó un proyecto para modificar la ley 7722 que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería y reactivar la actividad en la provincia. La propuesta dice lo siguiente:

Artículo 1° - A los efectos de garantizar la sustentabilidad del uso de los recursos naturales, con especial énfasis en la  tutela del recurso hídrico, se prohíbe dentro del territorio de la Provincia de Mendoza el uso del cianuro (en todas sus  formas), ácido sulfúrico y mercurio (en todas sus formas) en los procesos mineros metalíferos de cateo o exploración,  prospección,  explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método  extractivo. Todo lo anterior, en cumplimiento de la Ley 8.051, 8.999, 26.639, 6.045"

Artículo 2° – Las empresas y/ o personas jurídicas o físicas que a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley posean la titularidad de concesiones de yacimientos minerales metalíferos, o aquellas que industrialicen dichos minerales deben tramitar en el plazo de treinta (30) días el ”informe de partida” que establece el Art. 24 del Decreto 2109/94, a efecto de cumplir con las exigencias de la presente Ley, bajo apercibimiento de cesar inmediatamente en su actividad hasta tanto adecuen todos sus procesos mineros y/ o industriales."

Artículo 3° - En cumplimiento con lo dispuesto por el art. 250 del Código de Minería de la Nación, la autoridad ambiental minera de las normas de protección ambiental para la actividad en la provincia de Mendoza será la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial u organismo que en el futuro la reemplace. Los informes sectoriales municipales, del Departamento General de Irrigación y de otros Organismos Autárquicos son de carácter necesario, y se deberá incluir una manifestación específica de impacto ambiental sobre los recursos hídricos conforme al artículo 30 de la Ley 5961. Para dejar de lado las opiniones vertidas en los dictámenes sectoriales deberá fundarse expresamente las motivaciones que los justifican. La autoridad de aplicación reglamentará el establecimiento de un Seguro que garantice potenciales daños ambientales para cada emprendimiento y creará, dentro de su ámbito, la Policía Ambiental Minera que tendrá como función específica el control y seguimiento de cada uno de los emprendimientos mineros de la Provincia de Mendoza, debiendo publicar semestralmente los informes en plataformas oficiales de público acceso. Sin perjuicio del seguro establecido en el párrafo anterior cada titular de un emprendimiento minero metalífero, cualquiera sea su envergadura, deberá constituir garantías reales, hipoteca o prenda u otras garantías que determine la reglamentación, por un monto equivalente al costo del cierre de mina y el costo de reparación, rehabilitación, recomposición y restauración de los terrenos afectados por la actividad, las cuales serán ejecutadas en caso que el titular no realice estas tareas, sin perjuicios de otras sanciones que establezca el Código de Minería. Dicha garantía deberá ser constituida una vez aprobada la Declaración de Impacto Ambiental y previo al inicio de las actividades.Asimismo en lo que refiere a la preservación y uso del agua el Departamento General de Irrigación deberá ejercer el control específico y seguimiento de cada uno de los emprendimientos mineros de la Provincia, en todas y cada una de sus etapas, cuando los mismos afecten las cuencas hídricas."

Artículo 4° - La autoridad de aplicación garantizará, en todo proceso de evaluación de impacto ambiental, la participación de los municipios de las cuencas hídricas donde se localice el proyecto y, en su caso, de aquellas regiones de la Provincia que objetivamente puedan ser afectadas por el proyecto respectivo, debiendo respetarse las realidades productivas y sociales de cada uno de los mismos, cuyos dictámenes sectoriales serán de carácter necesarios."

Artículo 5° – La autoridad de aplicación deberá identificar los daños ambientales que puedan existir y/o que se produzcan en el futuro con causa en la actividad minera, a efectos de exigir administrativamente la remediación del daño, o en su defecto requiere la misma según el procedimiento judicial que regula la Ley 25.675.

Articulo 6° - Créase la Comisión Bicameral de Seguimiento Ambiental. Dicha comisión deberá evaluar anualmente el efecto de la actividad minera en el ambiente de la provincia y el cumplimiento por parte de las empresas de las normas de cuidado y preservación del agua y el medio ambiente contenidos en la legislación nacional y provincial y en la declaración de impacto ambiental correspondiente. En caso de detectar por si o por denuncias de terceros daños ambientales o incumplimientos de las obligaciones de las mineras deberá informar de inmediato a la Honorable Legislatura y realizar las denuncias correspondientes ante la autoridad de aplicación. Las actividades de la Comisión Bicameral de Seguimiento Ambiental sustituye la ratificación legislativa de la Declaración de Impacto Ambiental prevista en el artículo 3° de la ley 7722 en su anterior redacción.

Articulo 7 ° - Se promoverá la participación ciudadana en el control ambiental de las actividades mineras a través de la red Vigilancia Ambiental prevista en el articulo 34 del Decreto Provincial 820/06 u otras que se conformen de conformidad al Pacto Federal Minero , incluyendo en todos los casos la participación de diferentes ONG y cuidadanos ,en las actividades de seguimiento y control de los planes ambientales . Este programa tendrá financiamiento propio proveniente de las regalías.

Articulo 8° - Se promoverá la formación de PYMES locales que provean insumos mineros a la industria , incluyendo financiamiento de activos fijos y de capital de trabajo y la articulación permanente con las universidades o institutos de investigacóon locales y de formación profesional con el objetivo de capacitar personas para la industria . Así mismo en cada proyecto se promoverá el compre mendocino y la contratación de personal mendocino.

Articulo 9° - Tasa Especial Minera . Sin perjuicio de las sumas que deban abonar en concepto de regalías o de impuestos , los emprendimientos mineros metalíferos medianos y grandes deberán abonar a la Provincia de Mendoza una Tasa especial destinada a financiar infraestructura que mejore los sistemas de riego e la producción agrícola y el sistema de distribución del agua potable en todo el territorio de la Provincia y ejecutar obras de infraestructura que mejoren la calidad de vida de poblaciones circundantes a los emprendimientos mineros. La tasa establecida para la actividad consistirá en el pago de una suma equivalente al 1.5 % de la facturación anual po todo concepto que realicen los emprendimientos mineros, deducidas de dicha facturación regalías e impuestos al valor agregado, todo de conformidad a lo previsto en el Pacto Federal Minero. Los montos resultantes deberán ser administrados por el Gobierno Provincial de la siguiente manera: el 1% como fondo de infraestructura del mejoramiento de riego y distribución del agua potable y el 0,5% restante será destinado por el Gobierno de la Provincia para el mejoramiento de los entornos humanos mas próximos a los emprendimientos mineros , a tales efectos se deberán tener en cuenta los informes sectoriales y de los municipios y puede celebrar con estos convenios de transferencias de fondos a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el presente articulo."

Articulo 10° - Afectase el veintidós (22) por ciento de lo recaudado en concepto de regalías mineras a financiar la construcción de viviendas a través del Instituto Provincial de la Vivienda . Dicho porcentaje y con la misma finalidad podrá ser aumentado en cada año mediante la Ley de Presupuesto Anual.

Articulo 11° - Afectase el quince (15) por ciento de lo recaudado en concepto de regalías mineras a efectos de conformar un fondo para coadyuvar a los productores primarios de la agricultura mendocina en la reparación de daños de origen climático o fitosanitarios, conforme lo determine la reglamentación de la presente ley.

Artículo 12°.- Aféctase el ocho (8) por ciento de lo recaudado en concepto de regalías mineras a efectos de aportar a las políticas de género implementadas o que se implementen en la provincia.

Artículo 13°.- Aféctase el cinco (5) por ciento de lo recaudado en concepto de regalías mineras a efectos de aportar a los programas de discapacidad implementados o que se implementen en la provincia, en particular los que tengan por objeto capacitación y acceso al empleo.

Articulo 14°- Con el objeto de promover la utilización de energías renovables los proyectos mineros de mediano y gran tamaño deberán generar para autoconsumo o para venta el equivalente a 50% del total de la energía consumida a partir de las fuentes renovables incluyendo la generación hidroeléctrica independientemente de su potencia. 

Finalmente, solicita se derogue toda otra norma que se contraponga a la presente propuesta.

De que se trata la propuesta del Senador Agulles de Malargüe
 

Autorizar la Creación de "Parques Industriales Mineros Controlados" en las zonas o regiones con potencial minero que establecen: la Ley N° 8.051 de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo y la Ley N° 8.999 Plan Provincial de Ordenamiento Territorial (PPOT) de la Provincia de Mendoza.

A los efectos de garantizar debidamente los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico, se prohíbe, dentro de las áreas restringidas por los artículos 33 y 36 del Código de Minería de la Nación, el uso de las sustancias químicas previstas en el Art. 1° de la Ley 7722 en los procesos mineros de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales de cualquier tipo obtenidos a través de cualquier método extractivo, como así también en un radio de 10 kilómetros desde el centro de cualquier localidad provincial que esté constituida como distrito urbano municipal. En los procesos mineros de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos ubicados fuera de las zonas prohibidas y dentro de los Parques Industriales Mineros Controlados, en el caso de utilizarse cualquier tipo de sustancia química, debe considerarse que sus efluentes deben cumplir con los parámetros máximos permitidos en el Artículo 1º del Anexo I de la Resolución 778/1996 del Departamento General de Irrigación.

Los procesos de cateos, prospección, exploración, explotación, y/o industrialización de minerales de primera categoría deberán contar con Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A.) aprobada exclusivamente con el procedimiento establecido en el Decreto Provincial 820/2006, la que quedará perfeccionada y operativa con la debida aprobación que realice la autoridad de aplicación mencionada en el artículo 4º de esta ley. 
La autoridad de aplicación deberá realizar el análisis y control del procedimiento que señala la presente norma como así también el contralor de los procedimientos y exigencias que marcan las leyes nacionales y provinciales que rigen el procedimiento evaluativo ambiental minero. Los informes sectoriales Municipales, del Departamento General de Irrigación y de otros organismos autárquicos son de carácter necesario, y se deberá incluir una manifestación especifica de impacto ambiental sobre los recursos hídricos conforme al artículo 30 de la ley N° 5961. Para dejar de lado las opiniones vertidas en los dictámenes sectoriales deberá fundarse expresamente las motivaciones que los justifican. 
Asimismo y, en reemplazo a la potestad del poder Legislativo que contemplaba el artículo 3º de la ley 7.722, se creará dentro del ámbito de la Honorable Legislatura Provincial una Comisión Bicameral Legislativa a los fines del seguimiento y control de las actividades permitidas por la Declaración de Impacto Ambiental otorgada a todo proyecto minero.

Establecer como autoridades de aplicación de la presente al Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, a través de la Subsecretaría de Energía y Minería y la Dirección de Minería; y a la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial a través de la Dirección de Protección Ambiental, o las que en el futuro se creen o correspondan, quienes reglamentarán el establecimiento de un seguro de garantía ambiental para cada emprendimiento y crearán, dentro del ámbito correspondiente la Policía Ambiental Minera que tendrá como función especifica el control y seguimiento de cada uno de los emprendimientos mineros de la Provincia de Mendoza, debiendo informar todas las actividades desarrolladas semestralmente a la Legislatura Provincial. 
Asimismo en lo que refiere a la provisión, preservación y uso del agua, el Departamento General de Irrigación deberá ejercer el control específico y seguimiento de cada uno de los emprendimientos mineros de la provincia, en todas y cada una de sus etapas, cuando los mismos afecten o pudieren afectar las cuencas hídricas. En el caso que un emprendimiento minero solicite permisos de provisión de agua igual o mayor a un (1) metro cúbico por segundo el Departamento General de Irrigación deberá solicitar la ratificación por Ley del permiso de agua emitido.

La autoridad de aplicación garantizará, en todo proceso de evaluación para la declaración de impacto ambiental, la participación de los municipios del lugar en donde se desarrolle el proyecto respectivo, debiendo respetarse sus autonomías y las realidades productivas y sociales de cada uno de los mismos, cuyos dictámenes sectoriales serán de carácter necesarios.

El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente Ley dentro del plazo de 90 días de su promulgación. Dicha reglamentación priorizará el "compre mendocino" y la "mano de obra local", debiendo contemplar que los proyectos mineros aprobados en la provincia incorporen para su desarrollo como mínimo un: 25% de participación y/o asocio con empresas locales y un 75% de mano de obra local o con dos (2) años continuos de residencia en la provincia.

Consideraciones finales y otro aporte al debate

Sin dudas, la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial es una buena señal para el futuro de Mendoza, es una herramienta de fundamental importancia para el debate entre ambiente y minería. A esto hay que sumar los notorios avances tecnológicos que permitirían desarrollar una política minera integrada, minimizando los impactos ambientales y sociales y tomando en cuenta la legislación vigente que habla de aquellas zonas “a cuidar” como glaciares, áreas protegidas y los recursos hídricos disponibles.

Mendoza se debe un debate profundo al respecto y una parte de este debate se instaló hoy en la Casa de las Leyes.

Solo como un dato más -y no menor- es bueno saber de la importancia de los minerales en nuestra vida cotidiana. Los mismos están presentes en el hormigón, el acero, los ladrillos, las chapas galvanizadas, los cerámicos, la pintura, los vidrios de nuestra casa. En los vehículos, los celulares, los monitores de las computadoras y los chips. En la agricultura, a través de boratos, calcio, cobre, hierro, magnesio, entre otros productos, para asegurar la salud y maduración de las plantas. También en la energía eléctrica y la medicina.

Finalmente, y como aporte al debate, ponemos a disposición de ustedes el informe que fuera realizado por la Secretaría de Desarrollo Institucional de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) titulado: “¿Minería en Mendoza?” : http://imd.uncuyo.edu.ar/upload/libro-informes-mineria.pdf

 

 

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